Siglo XXI
Atrocidad y resistencia
A las lógicas de la violencia conocida se incorpora con vehemencia en este periodo el fenómeno de la desaparición. Si bien este ya era practicado en el pasado por instituciones del estado como la Dirección Federal de Seguridad, militares, y fuerzas policiales (Vicente, 2019), su práctica no era sistemática.
Colaboración de Nithia Castorena-Sáenz
La impronta de la inseguridad
El año 2006 ardió desde antes de que tomara posesión el presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. El fuego comenzó en Oaxaca ese verano, al conformarse la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en apoyo a la lucha magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El conflicto escaló hasta que la APPO desconoció como su interlocutor a Ulises Ruiz, entonces gobernador de aquel estado. Tras el asesinato de 4 personas durante diferentes hechos de violencia y balaceras entre simpatizantes de la APPO y corporaciones policiacas estatales, el 28 de octubre del mismo año se desató una ola represiva en el último suspiro de la administración de la “alternancia” que el panista Vicente Fox había dirigido, cuando este brindó apoyo al gobernador enviando a la Policía Federal a Oaxaca el 29 de octubre (2006).
A finales de la década de los noventa, se publicó Juárez: The laboratory of our future (Bowden, 1998). En el texto y en las imágenes de fotoperiodistas oriundos de Juárez, quedaba clara una especie de “avanzada” en las formas que la administración pública se había tornado en necropolítica, la administración de la muerte que marcaría las siguientes décadas, potenciada por la desregulación de la política social de los gobiernos locales y el federal. El siglo XXI inicia enfrentando una migración masiva del campo a las ciudades, que descompensa el sistema económico y social, haciendo crecer la clase precaria en México.
A 10 días de su toma de poder, Felipe Calderón instruyó a los cinco integrantes del gabinete de seguridad para la implementación del Operativo Conjunto Michoacán, la intención era trabajar de manera estricta contra el crimen organizado en esa entidad.[1]
Esta acción daba continuidad a los operativos conjuntos iniciados en el sexenio inmediato anterior por Vicente Fox, como una estrategia para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. El operativo marcó el inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, con el despliegue de 6,500 efectivos para atacar al entonces poderoso cártel de la Familia Michoacana, que por medio de la violencia controlaba el estado. Según Calderón, actuó a pedido del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel,[2] aunque según Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, connotados exfuncionarios foxistas, la razón fue política: necesitaba legitimarse ante las protestas frente a su dudoso triunfo electoral.[3] Sin embargo, la estrategia falló. Para el 2011, las fuentes de información estadística encargadas de monitorear el número de homicidios (INEGI, Sistema Nacional de Seguridad Pública y la base de datos sobre homicidios asociados al crimen organizado) daban cuenta del crecimiento desmesurado de los homicidios en los estados donde el gobierno federal realizó operativos conjuntos.
A modo de una receta mal implementada, burlando con tecnicismos el principio constitucional que mandata que el ejército se mantenga en sus cuarteles, los Operativos conjuntos constituyeron la columna vertebral de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. En el 2008 llegó al norte el “Operativo conjunto Chihuahua”, que significó el despliegue de alrededor de 50,000 efectivos, entre militares y policía federal, dedicados a tareas reservadas para la policía y otras autoridades civiles, numerosos retenes militares, y la sustitución de encargados de seguridad pública de los estados y municipios por mandos militares.
Ese mismo 2008, la región turística de la Sierra Tarahumara, en la que se encuentra la estación Creel del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, se estremeció con el asesinato de 12 jóvenes y un bebé (que murió en brazos de su papá, quien también murió), en las afueras de un salón durante un evento público a media mañana. Lo pequeño del poblado y su fama como sitio turístico hicieron que esta masacre cimbrara el ánimo popular.
San Fernando, por otra parte, es una tragedia no resuelta por las autoridades correspondientes desde el 2010, cuando los cuerpos de 72 personas migrantes fueron encontrados maniatados, asesinados con disparos en la espalda y apilados a la intemperie en una bodega vacía, en ese municipio de Tamaulipas. Al investigar este hecho, tres periodistas comprometidas con la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia para quienes perdieron la vida terminaron por sufrir la persecución por parte del Estado: durante el sexenio del presidente Peña Nieto, Marcela Turati, Mercedes Doretti y Ana Lorena Delgadillo serían consideradas “sospechosas” en el caso que investigaban, y por tanto fueron espiadas por la PGR.[4]
En enero de 2010, Ciudad Juárez provocaría la atención nacional una vez más. Una fiesta de estudiantes de bachillerato en el fraccionamiento Villas de Salvárcar fue atacada por un comando armado de alrededor de 20 sicarios que ingresaron disparando a todas las personas presentes en el lugar, provocando la muerte de 10 personas, y dejando heridas a alrededor de 20. Debido a la presión social, luego del desafortunado comentario de Felipe Calderón al decir que “en algo andaban” quienes estaban en esa fiesta, el gobierno federal en conjunto con el estatal, organizaron un evento titulado “Todos somos Juárez”. En éste, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis, ambos asesinados en la masacre de Villas de Salvárcar, increpó al presidente diciéndole “usted no es bienvenido aquí”.[5]
El inicio del siglo XXI en México también demostró que la defensa de los derechos humanos es una actividad extremadamente peligrosa. En abril de 2010, una caravana salía con rumbo a San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, para llevar provisiones y equipo a la comunidad que se encontraba prácticamente sitiada por fuerzas paramilitares. El convoy fue atacado en el camino y derivado del ataque murieron Bety Cariño (integrante de la organización CACTUS), y el activista finlandés Jyri Jaakkola.
Para enero de 2011, la relación entre la ocurrencia de homicidios y la presencia de efectivos militares y federales se encontraba más que probada. Fernando Escalante Gonzalbo encontró que las muertes crecieron especialmente en los lugares en donde hubo grandes operativos militares y policiacos, en las gráficas que acompañan su artículo, se aprecia un pico de casi 90 grados a partir del 2007 en el número de homicidios. En este mismo 2011, la organización México Evalúa. dio a conocer que entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos de homicidios la víctima era un hombre casado en edad productiva, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Ese mismo año, el pueblo de Allende, ubicado 60 km al sur de la frontera de Piedras Negras en la norteña Coahuila, quedó arrasado tras una operación del grupo armado Zetas, en el que desaparecieron alrededor de 300 personas (aún ahora la cifra es imprecisa), destruyeron 32 casas y dos ranchos, en un asedio que duró tres días sin que autoridades de ningún orden del gobierno intervinieran. El evento pasó casi inadvertido en medios de comunicación, y apenas tres años después, en 2014, la Fiscalía local envió peritos a uno de los ranchos en los que presumiblemente habían incinerado varios cuerpos.[6]
Los frentes de agresión y resistencia, operaban paralelamente en todo el país. Así, fue este mismo año en el que se convocó a la Caravana por la Dignidad y la justicia, encabezada por el escritor Javier Sicilia, planteaba recorrer el país y culminar en Juárez, a la vez que buscaba generar un espacio colectivo, abierto, plural y diverso donde se concentrara una sola coincidencia: la urgencia de detener una guerra que sólo genera víctimas y niega la posibilidad de vivir en paz. Este movimiento social surge como una respuesta a la violencia en México, a partir de la iniciativa “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón (2006-2012). Sicilia convocó a este movimiento a partir del asesinato de su hijo en Cuernavaca, en mayo de ese año, en las vísperas del inicio de la Caravana, él mismo escribía: “Vamos con nuestros dolores y nuestro amor a abrazarlos y abrazarnos”.
En 2013, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., estimaba que los impactos de la violencia en Chihuahua -perpetrada tanto por los grupos de la delincuencia organizada dedicados sobre todo al tráfico de drogas, así como por policías municipales, fiscalías estatales y ejército desde el año 2006- eran de diez mil niños y niñas huérfanas; 230 mil personas desplazadas; 116 mil viviendas abandonadas en Ciudad Juárez; sólo en 2010 cerraron sus puertas 18 colegios particulares y alrededor de 44 mil estudiantes solicitaron su acceso a planteles públicos; 100 mil derechohabientes dados de baja en el IMSS. Todo esto impactó negativamente el tejido social, contribuyó enormemente al despoblamiento de comunidades rurales y permeó el ambiente de temor, incertidumbre y escepticismo respecto a la actuación de las autoridades.
En el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, contando homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2010 fueron 10 las ciudades mexicanas que se encontraban entre los primeros 14 lugares. El lugar número 1 lo tuvo Ciudad Juárez. El número 5, la ciudad de Chihuahua. La escalada de eventos violentos, homicidios y desplazamiento forzado, se da sobre todo en localidades del norte de México, debido a que éstas son paso obligado de las rutas de drogas hacia Estados Unidos.
Violencias contra las mujeres
Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada el 16 de diciembre del 2010 a manos de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, integrante del grupo criminal Los Aztecas. El asesinato ocurrió frente a las puertas cerradas del palacio de gobierno de Chihuahua. Marisela había iniciado su activismo social en 2008 luego del asesinato de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien fuera asesinada por su pareja. Este se convirtió en un caso emblemático, pues una enfermera jubilada se convirtió en investigadora profesional y dio con el paradero del asesino de su hija, para que luego un tribunal del nuevo sistema penal lo absolviera, demostrando en ese acto la supremacía de sistemas torcidos frente a la más pura y elemental búsqueda de justicia.
La dureza de las violencias contra las mujeres se ha hecho evidente en los últimos años gracias a las voces que se han organizado para resistirlas y denunciarlas. Las nuevas generaciones de mujeres han lanzado a través de las redes sociales convocatorias tan exitosas y estridentes (por aquello que denuncian) como #MiPrimerAcoso, #YoSíTeCreo y el #24A (2016).
Las mujeres, organizadas o no, ya conocían los resultados de sistematizar la violencia en su contra, y conocían del particular riesgo en el que vivían por el sólo hecho de ser mujeres. Según datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., de las 1017 denuncias que se interpusieron contra las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos, entre marzo del 2009 y abril del 2010, casi la mitad fueron interpuestas por mujeres.
Por su parte, la organización Justicia para nuestras hijas, A.C. documentó 2,032 feminicidios en el estado de Chihuahua, acumulados entre 1993 y 2012, de estos, más del 70% ocurrieron a partir de 2006. El impacto de la supuesta guerra contra el narcotráfico en la seguridad e integridad de las mujeres es evidente: 1994 fue el año con menos feminicidios de este periodo, con solo 26, frente a los 446 feminicidios del 2010, cuando el estado tuvo posiblemente la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
Nuevas formas de la violencia. Ni muerte ni vida: desaparición.
En 2009 se torna innegable el uso sistemático de la desaparición forzada, sea por parte de las instituciones del estado o por particulares. Se convoca a la reactivación del Frente Nacional Contra la Represión, del cual se activan algunos capítulos en los estados. Otros van más allá, y promueven acciones reivindicativas y simbólicas para denunciar la exacerbada violencia que se experimenta, por ejemplo, las Kaminatas contra la muerte, convocadas por el Colectivo La Gota en Chihuahua, que implicaban una estrategia de ocupar de nuevo el espacio público, arrebatado por la violencia incluso con toques de queda que se difundían por medio del rumor e impactaban seriamente en la percepción de inseguridad y temor de la sociedad en general.
Justicia para nuestras hijas, A.C. estima que de 1987 al año 2013 fueron 206 las mujeres desaparecidas con carpetas de investigación aún vigentes. Un grupo de familias con hijas desaparecidas, coadyuvantes de las investigaciones sobre el paradero de sus hijas, exigieron a la Fiscalía llevar a cabo rastreos en la zona del Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez. Como resultado, en enero de 2012 fue encontrado un cementerio clandestino con múltiples restos óseos a partir de los cuales a la fecha han sido identificadas 12 jovencitas que estaban reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas de 15 años de edad. Otros restos continúan aún sin identificar.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la falta de certidumbre en las cifras de desaparición. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., compartía que en noviembre de 2012 el Washington Post estimaba en 25 mil las personas desaparecidas en México, mientras que la SEGOB, en febrero de 2013, informaba de 27 mil personas reportadas como desaparecidas en México. En abril de ese mismo año la CNDH informaba que del 2005 al 2012 había 48 mil 300 personas reportadas como desaparecidas.[7]
A pesar de la mirada internacional sobre México por las múltiples desapariciones sin resolver, la noche del 26 de septiembre del 2014 comenzaron una serie de eventos que culminaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. En estos hechos, aún no esclarecidos, se conoce el involucramiento de policías municipales de Iguala, de la policía estatal de Guerrero y del 27º Batallón de infantería de Iguala.
La gravedad de la desaparición alcanza como sus víctimas a familiares de las personas desaparecidas que, cada vez con más elementos, se enteran de lo poco que a las instituciones les importa el paradero de sus seres amados. Un claro ejemplo de esto fue el tráiler frigorífico que en 2018 recorrió varios municipios de Jalisco, con cuerpos no identificados víctimas de la delincuencia organizada y que las propias autoridades fueron incapaces de tratar de una forma digna.
En este contexto, la acción que las mismas familias realizan de forma directa se convierte en la única certeza de que una búsqueda se está llevando a cabo. Son sobre todo madres y esposas que, en medio de la desesperación por conocer el paradero de sus seres queridos, se han dedicado a buscar. Algunos ejemplos son el grupo de Buscadoras de El Fuerte (Sinaloa), Madres Buscadoras de Sonora, Todos somos Erick Carrillo, Rastreadoras por la Paz de Sinaloa, Buscando en vida, Unidos por Baja California, entre muchos otros colectivos.
El proyecto A dónde van los desaparecidos reportó que de 2006 a 2016 en México las autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1,978 fosas, y la PGR 232. Fueron 24 las fiscalías estatales que reconocieron que en sus territorios respectivos encontraron fosas clandestinas con, al menos, 2,884 cuerpos. Aunque no es posible saber el tamaño exacto de la barbarie, los datos obtenidos mediante solicitudes de información nos acercan a entenderlo.[8]
Las nuevas vulnerabilidades: Periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos
En su actualización 2012-2013, el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, subrayó la significativa vulnerabilidad de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la investigación periodística.
Son alrededor de 300 personas defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas del 2005 a la fecha, sin embargo este fenómeno ha incrementado más drásticamente del 2016 en adelante, trascendiendo al calderonato. Es oportuno anotar que más del 50% de los asesinatos han ocurrido en Oaxaca (23.95%), Guerrero (21.68%) y Chihuahua (10.03%), y de estos, un número importante eran activistas ambientales.
En cuanto a periodistas, hay casos emblemáticos como los asesinatos de Miroslava Breach Velducea en Chihuahua y Javier Valdez en Sinaloa, en los últimos años. Y a menos de dos meses de iniciado el 2022, lamentábamos ya cinco muertes de periodistas en el país. No es una cuestión menor exigir y organizarse por su protección y su vida que son, también, nuestra posibilidad de estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país.
A modo de conclusión
A las lógicas de la violencia conocida se incorpora con vehemencia en este periodo el fenómeno de la desaparición. Si bien este ya era practicado en el pasado por instituciones del estado como la Dirección Federal de Seguridad, militares, y fuerzas policiales (Vicente, 2019), su práctica no era sistemática. Además, ahora no son exclusivamente estas instituciones las que lo implementan, también es una práctica sistemática por parte de los grupos de la delincuencia organizada, con tanta permisión por parte de las instituciones, que en ocasiones es arduo distinguir entre una y las otras en su operación.
En la cronología que va de 2006 a la fecha, no es posible distinguir grandes diferencias entre las administraciones federales de partidos de derecha, de centro o de izquierda, en cuanto al éxito –y fracaso- de estrategias de atención. La realidad parece ir dos pasos delante de las políticas públicas de atención a la violencia, como la Ley General de Atención a Víctimas, la instalación de Comisiones de Atención a Víctimas, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Centros de Justicia para las Mujeres. Si bien no es posible concluir razones puntuales del fracaso de las distintas iniciativas de atención a la violencia, sí puede advertirse el descomunal fracaso que ha significado la incorporación del ejército en labores de atención y contención de la violencia.
[1] https://wradio.com.mx/radio/2006/12/11/nacional/1165872060_367025.html
[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/asi-comenzo-la-guerra-contra-el-narcotrafico-de-felipe-calderon
[3] https://www.proceso.com.mx/reportajes/2012/10/17/la-guerra-antinarco-el-gran-fracaso-de-calderon-109716.html
[4] Para más, véase: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/23/la-pgr-espio-periodistas-como-sospechosas-de-fosas-clandestinas-en-san-fernando-276335.html
[5] Para más, véase: https://www.sinembargo.mx/17-11-2014/1169288
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37614215
[7] La CNDH cuenta con una Coordinación de personas desaparecidas.
[8] Para más, véase: https://data.adondevanlosdesaparecidos.org/