Para ARTICLE 19 México y Centroamérica, conocer los efectos comunitarios del silenciamiento y la impunidad de las agresiones a periodistas en las últimas dos décadas es una tarea fundamental. Al hablar de cada una de las víctimas es posible recorrer distintas geografías, y entender qué pasa cuando un/a periodista es asesinada o desaparecida; qué pasa en su familia, pero también qué pasa en sus comunidades, con sus “fuentes”, qué ocurre con quienes hablaban y cuyas voces replicaban. Y también qué pasa con sus medios, con la comunidad periodística local. En resumen, se ilustra cómo nos afecta como sociedad que estas voces sean acalladas.

Este informe se centra en cuatro casos, pero no se limita a contar cuatro historias en cuatro estados y cuatro comunidades. Acercándonos a las historias de Leodegario Aguilera (Guerrero, desaparecido desde 2004), María Esther Aguilar (Michoacán, desaparecida desde 2009), Moisés Sánchez (Veracruz, asesinado en 2015) y Rafael Murúa (Baja California Sur, asesinado en 2019), podemos ver cómo ellos y ella replicaron otras voces, cómo el periodismo puede ser una voz disidente, crítica. Los casos presentados son todos de periodistas que trabajaban en el plano comunitario y municipal. De ahí que el daño en términos de derecho a la información que deriva de su asesinato o desaparición adquiera una dimensión social relevante por verse interrumpido el mensaje que llevaban. A ello se suma el efecto inhibidor y la autocensura entre sus colegas, que tiene un impacto profundo en términos de libertad de expresión. La comunidad que era receptora de la información que producían dejó de recibirla.

Créditos:

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

Paula Mónaco Felipe

Miguel Tovar

Jorge Muñoz Fita

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Ya nadie publica eso. Derecho a la verdad, violencia contra la prensa y afectaciones a comunidades y colegas